Los activistas entregaron también una petición firmada por 120.000 personas de más de quinece países en la que se reclaman políticas de seguridad pública que respeten los derechos humanos durante los Juegos.
“El Comité Organizador Local está a cargo del gran evento deportivo y comparte la responsabilidad en las operaciones de seguridad y las consiguientes violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado en el contexto de los Juegos Olímpicos”, ha afirmado Atila Roque, director de Amnistía Internacional Brasil. “El mandato del Comité Organizador Local incluye garantizar que las prácticas de seguridad se ajustan a los valores olímpicos de amistad, respeto y excelencia y que se respetan plenamente los protocolos internacionales relativos al uso de la fuerza y a los derechos humanos”.
Desde abril, Amnistía Internacional viene planteando sus motivos de preocupación en relación con el aumento del riesgo de violaciones de derechos humanos en el contexto de los Juegos, como ya ocurrió en otros grandes eventos deportivos como el Mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Panamericanos de 2007. Desde 2009, cuando Río de Janeiro fue designada sede de los Juegos, más de 2.600 personas han perdido la vida a manos de la policía en la ciudad.
“Brasil no ha aprendido de los errores cometidos en el pasado. Sólo en el mes de mayo, 40 personas fueron víctimas de homicidios cometidos por la policía, lo que representa un aumento del 135 por ciento respecto al mismo periodo de 2015. Estas cifras son inaceptables y ponen en peligro el legado olímpico”, ha afirmado Renata Neder, asesora en derechos humanos de Amnistía Internacional.